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José Ramón Sánchez Galán, profesor de EAE Business School

Friday, 18 de January, 2019

Por: José Ramón Sánchez Galán, profesor de EAE Business School

No se trata de unas consecuencias exteriores, como un incremento de la volatilidad de la libra, la pérdida de empleos o la caída del crecimiento económico, sino también el hecho de que se trata de la desaparición del segundo contribuyente europeo, contribución que ha de ser cubierta por el resto de las economías. Por poner cuatro ejemplos, Alemania deberá poner 2.503 millones de euros, Francia 1.871, Italia 1.384 o España 906 millones, entre otros.

Asimismo, coexisten factores internos que amenazan la estabilidad y la unidad británicas. Los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto la fractura entre Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra, que principalmente podría desembocar en un distanciamiento paulatino hacia un resquebrajamiento del propio Reino Unido.

En definitiva, la salida del Brexit dará lugar a una situación que afectará a diferentes dimensiones ya sean económicas, sociales o políticas.

En primer lugar, las consabidas económicas. ¿Una Europa sin Reino Unido o un Reino Unido sin Europa? Recordemos que  el 44 % de las exportaciones británicas van a la Unión Europea, que le suministra el 53 % de sus importaciones. Por otro lado, quedan pendientes elementos laborales: más de 10.000 españoles trabajan en Gibraltar junto a 70.000 en el Reino Unido. Y uno de los sectores que se verían más afectados es el pesquero donde España es uno de los países más relevantes de la flota comunitaria. La salida de Reino Unido ocasionaría un impacto total en el sector con la pérdida de 27.000 puestos de trabajo, seguido del automóvil (alrededor de 21.000) y el inmobiliario (cerca de 12.500).

¿Y las políticas? Se plantean varios escenarios: 1. May ha superado la moción de censura, pero muy frágilmente (325 votos frente a 306), ya que a pesar de que obtuvo el rechazo de 230 diputados, es el mayor en la historia de Westminster. 2. Tampoco parece probable un adelanto electoral ni la posibilidad de un segundo referéndum. 3. Lo que no parece que prospere es la alternativa de conceder una prórroga de al menos cuatro meses del Artículo 50 del Tratado de Lisboa (2007), que establece el procedimiento para que un Estado miembro se pueda retirar de la Unión Europea si así desea hacerlo, y menos tras el rechazo el pasado 15 de enero al acuerdo negociado con Bruselas y que establecía un periodo de transición desde el próximo 29 de marzo a finales de 2020.

El 29 de enero se votará el denominado “plan B” de May, manteniendo, eso sí, una salida acordada. Un “Brexit duro”, es decir, lo contrario podría suponer una salida traumática para el país y su Gobierno. En este plan B también se contempla la vigencia de la cláusula 'backstop'., la salvaguarda acordada entre Londres y Bruselas para que, en caso de que las futuras relaciones comerciales no estén listas cuando finalice el periodo de transición en diciembre de 2020, no se establezca una frontera dura en Irlanda. En este sentido, todo el Reino Unido se quedaría temporalmente en la unión aduanera y la provincia de Irlanda del Norte estaría alineada además con el mercado único sólo para bienes. May quiere que Bruselas se comprometa a que las empresas norirlandesas tengan acceso sin trabas al mercado británico, que Westminster pueda tener algún tipo de veto o última palabra sobre la salvaguarda y que la duración de ésta no se alargue más allá de diciembre de 2021.